sábado, 26 de enero de 2019

Artículo en El Comercio, 09 de octubre de 2017


Machine Guns Vegas

Hace dos años visité Las Vegas y quedé maravillado por sus luces, gente, hoteles, atracciones y lujo. Mi tour incluyó una visita a Machine Guns Vegas, un polígono de tiro muy organizado en el que, por una tarifa razonable, pude probar varias armas automáticas (como un M4, un Thompson y un AK-47). Fue una experiencia feliz. Las noticias nos cuentan ahora una historia en la misma ciudad y con similares herramientas, pero con un desenlace totalmente opuesto.

Lo sucedido el domingo 1 de octubre ha sido terrible. Se trata de una tragedia que no tiene sentido ni motivos claros. Stephen Paddock abrió fuego sobre una muchedumbre desde su ventana del hotel Mandalay Bay, matando e hiriendo a personas que asistían a un concierto de música country y que no tenían culpa alguna de sus desvaríos.

El evento desató la ira de organizaciones desarmistas que, ipso facto, salieron a exigir a la administración Trump la revisión de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense (que protege el derecho a poseer y portar armas). Su argumento se basó en errados clichés como “cualquiera puede comprar rifles de asalto en EE.UU.”, “un chico de 18 años no puede comprar cerveza pero sí un Kaláshnikov”, “en Walmart cualquiera puede comprar municiones”, etc. También se han publicado interminables artículos sobre la necesidad de prohibir las armas a los civiles (“como en Europa”, dicen).

Es indudable que las armas de fuego son motivo de controversia y causan miedo y fobia, más que otras cosas. Este mismo año, por ejemplo, murieron más personas atropelladas por vehículos a manos de terroristas (Londres, Niza, Barcelona) que en la tragedia de Las Vegas, pero nadie habla de prohibirlos.

En la Asociación de Usuarios Responsables de Armas (URA), estamos en contra de las prohibiciones, pero tampoco a favor de la libertad absoluta. Una sociedad madura no debería prohibir nada a sus ciudadanos, excepto cuando se vulneren los derechos de otros. La propiedad de armas está intrínsecamente ligada a un derecho fundamental en cualquier sociedad: el derecho a la legítima defensa. Por lo tanto, debe ser respetado. 

Sin embargo, siempre hemos considerado que tener un arma de fuego es un privilegio al que un ciudadano debe primero acceder, mediante la demostración de su idoneidad para tal fin (vale decir, debe demostrar al Estado que es una persona de bien, sin antecedentes criminales o de violencia, y razonablemente sana de mente como para no dar un mal uso al arma).

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