¿Te molesta mi arma?
Según la Superintendencia Nacional
de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil
(Sucamec), existen casi 240,000 armas legales en manos de civiles. Eso no
significa que haya la misma cantidad de gente armada, pues hay quienes tienen
más de un arma. Menos del 1% de los civiles peruanos posee legalmente un arma
de fuego; somos pocos, pero al parecer le molestamos mucho a alguien en el
gobierno. Las armas ilegales, el otro lado de la moneda, se estiman en más de
300,000. La cantidad de armas propiedad del Estado Peruano, es mucho mayor,
pero no existen cifras oficiales.
No hay reportes en la prensa de casos en los que alguna de esas 240,000 armas particulares,
haya sido utilizada por su propietario legal para cometer un delito. No me
refiero a incidentes como crímenes pasionales, disparos accidentales, o casos
como el del llamado “loco de la Catedral”; me refiero a robos a mano armada,
secuestros o asesinatos por contrato (sicariato). Si lo hubiera, sería absurdo;
un usuario legal está plenamente identificado por el Estado, con su DNI,
certificados varios, y hasta foto en la SUCAMEC. Solo alguien muy tonto,
delinquiría con un arma registrada a su nombre.
Sin embargo, el
Gobierno usa la absurda teoría de “los usuarios legales son quienes abastecen de
armas a la delincuencia” para introducir cambios en la legislación, apretándole
el cuello a los usuarios formales.
Hoy, para un
usuario legal de armas, es mucho más costoso y mucho más difícil permanecer en
la formalidad. El Estado debería de incentivar a quienes son legales, para que
nunca dejen de serlo, no al contrario. Si les ponen más dificultades a los formales,
se va a repetir el efecto de la década de 1990, cuando se reportaron “perdidas”
muchísimas armas. Armas sacadas del registro son muy peligrosas, el efecto podría
ser inverso a lo que el gobierno declara como objetivo. Los delincuentes serán
los más beneficiados.
Desde diciembre,
nuevas normas redujeron la vigencia de las licencias de cinco años a uno,
introdujeron nuevos requisitos (algunos francamente ridículos), y establecieron
nuevos límites (inferiores claro) a la
cantidad de armas que un civil puede poseer. Quizás lo peor es un intento de
decomiso ilegal, al tratar de captar armas, propiedad privada de peruanos,
obligando a sus legítimos dueños a venderlas en 180 días. Mención aparte merece
el tratamiento del calibre 9 mm Parabellum; se le sataniza, prohíbe y se
pretende que los civiles prácticamente les regalen éstas armas a miembros
activos de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.
El Decreto
Supremo 006-2013-IN viola varios Derechos Constitucionales de los Peruanos,
tales como los derechos a la Propiedad, Legítima Defensa y Libre Contratación,
por mencionar los más evidentes. Este decreto además atenta la estabilidad
jurídica, al pretender aplicar normas nuevas de forma retroactiva,
desconociendo derechos civiles adquiridos en gobiernos anteriores a éste.
El Poder Judicial, a pesar de haber recibido unas
cien demandas de Acción de Amparo individuales, apenas ha admitido 2; la
mayoría sorprendentemente están siendo declaradas “inadmisibles”, aunque es
flagrante la violación de varios derechos constitucionales. ¿Acaso estos
derechos ya no existen? ¿La estabilidad jurídica del Perú fue eliminada? ¿Quizás
algunos artículos de la Constitución han sido derogados y no nos enteramos?
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