El uso de la fuerza letal
En los últimos años hemos observado el avance de la delincuencia, cada vez más despiadada, sádica y violenta. Hace una década aún se podía escuchar ladrones hablando del respeto al barrio, mujeres, niños y ancianos. Este código ya no existe, pues al parecer la vida de las víctimas no vale nada. Primero golpean, acuchillan o disparan, luego agarran el botín y se van caminando, como si nada hubiera pasado.
El factor principal para este incontrolable aumento de la criminalidad es la impunidad que ampara a los que la realizan. Los delincuentes conocen el sistema y saben cómo manipularlo, a quién pagar o amedrentar, y, aunque estén grabados cometiendo delitos, quedan en libertad, gracias a malos elementos de la policía, de la fiscalía o del Poder Judicial. El único responsable de este caos es el gobierno, que no ha sabido tomar las riendas de sus instituciones y así permite este escenario sombrío.
Mientras el gobierno mira el techo, ¿qué puede hacer el ciudadano? Hay dos posibilidades: hacer nada (cuando lo asalten, levante usted las manos y ruegue que no lo maten o violen, y que solo se lleven sus pertenencias) o enfrentar la situación. Lo segundo empieza por tomar precauciones, como instalar alarmas, cámaras, cambiar rutas, estar atento (el Facebook lo puede usted revisar en casa), evitar zonas peligrosas, etc. Luego debe estar preparado para defenderse si las barreras iniciales son superadas. No existe seguridad infalible: por más precauciones que tome, siempre existirá la posibilidad que se encuentre cara a cara con un miserable. En ese momento, usted ya debe saber qué hará: o emplea la legítima defensa y pasa al ataque o se convierte en una víctima. Es su opción, no existe respuesta correcta o incorrecta.
Si se defiende con un arma de fuego, debe estar preparado, saber muy bien cómo usarla para que la agresión ilegítima sea detenida en forma rápida, eficaz, sin daño colateral, y que al final del trance quien se vaya caminando sea usted y no el delincuente.
Quienes optamos por la defensa armada, lo mínimo que esperamos, al vernos obligados a emplear la fuerza letal en el ejercicio de nuestro derecho constitucional a la legítima defensa, es que el Estado no nos acose después. Nosotros no provocamos esa situación.
Necesitamos fiscales que encarcelen a delincuentes y no a ciudadanos inocentes.
Necesitamos policías que no que sean cómplices de criminales.
Necesitamos jueces que protejan a ciudadanos y policías en vez de aceptar denuncias absurdas de familiares de delincuentes abatidos.
Necesitamos que los funcionarios respeten nuestros derechos en vez de compararnos con malditos capaces de degollarle a usted en una calle oscura y quitarle celular y billetera mientras se desangra.
Necesitamos que los funcionarios del Ministerio del Interior y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) respeten las normas, como la Ley 30299, que nos concede el derecho a estar adecuadamente armados y entrenados, en vez de manipular groseramente sus términos, buscando cometer un legicidio en el reglamento.
Necesitamos un Estado que entienda que el problema no está en el ciudadano que se defiende, sino en los criminales y funcionarios corruptos que obtienen dinero sucio de esta anarquía.
¿Es tan difícil gobernar derecho?
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