Artículo en El Comercio, 09 de octubre de 2017

Machine Guns Vegas

Hace dos años visité Las Vegas y quedé maravillado por sus luces, gente, hoteles, atracciones y lujo. Mi tour incluyó una visita a Machine Guns Vegas, un polígono de tiro muy organizado en el que, por una tarifa razonable, pude probar varias armas automáticas (como un M4, un Thompson y un AK-47). Fue una experiencia feliz. Las noticias nos cuentan ahora una historia en la misma ciudad y con similares herramientas, pero con un desenlace totalmente opuesto.

Lo sucedido el domingo 1 de octubre ha sido terrible. Se trata de una tragedia que no tiene sentido ni motivos claros. Stephen Paddock abrió fuego sobre una muchedumbre desde su ventana del hotel Mandalay Bay, matando e hiriendo a personas que asistían a un concierto de música country y que no tenían culpa alguna de sus desvaríos.

El evento desató la ira de organizaciones desarmistas que, ipso facto, salieron a exigir a la administración Trump la revisión de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense (que protege el derecho a poseer y portar armas). Su argumento se basó en errados clichés como “cualquiera puede comprar rifles de asalto en EE.UU.”, “un chico de 18 años no puede comprar cerveza pero sí un Kaláshnikov”, “en Walmart cualquiera puede comprar municiones”, etc. También se han publicado interminables artículos sobre la necesidad de prohibir las armas a los civiles (“como en Europa”, dicen).

Es indudable que las armas de fuego son motivo de controversia y causan miedo y fobia, más que otras cosas. Este mismo año, por ejemplo, murieron más personas atropelladas por vehículos a manos de terroristas (Londres, Niza, Barcelona) que en la tragedia de Las Vegas, pero nadie habla de prohibirlos.

En la Asociación de Usuarios Responsables de Armas (URA), estamos en contra de las prohibiciones, pero tampoco a favor de la libertad absoluta. Una sociedad madura no debería prohibir nada a sus ciudadanos, excepto cuando se vulneren los derechos de otros. La propiedad de armas está intrínsecamente ligada a un derecho fundamental en cualquier sociedad: el derecho a la legítima defensa. Por lo tanto, debe ser respetado. 

Sin embargo, siempre hemos considerado que tener un arma de fuego es un privilegio al que un ciudadano debe primero acceder, mediante la demostración de su idoneidad para tal fin (vale decir, debe demostrar al Estado que es una persona de bien, sin antecedentes criminales o de violencia, y razonablemente sana de mente como para no dar un mal uso al arma).

Artículo en El Comercio, 05 de agosto de 2016

El mito de las balas dum dum

Recientemente dos eventos desencadenaron un debate lleno de desinformación, exageración y error. 

Un sereno de Lima fue herido por un delincuente y una bala le causó fracturas y mucho daño en un brazo. No está claro el origen de la hipótesis de la supuesta bala dum dum que el delincuente utilizó, pero empezó a circular esa versión. Incluso este Diario publicó una nota llena de errores y prejuicios, pese a que la redactora me llamó previamente y le expliqué con detalles técnicos e históricos, los fundamentos, consecuencias y usos de las balas expansivas.

El 6 de julio se publicó el reglamento de la nueva ley de armas de fuego de uso civil que, entre muchos cambios, elimina la prohibición de usar municiones expansivas. Esta coincidencia causó escándalo: ¿cómo es posible que el gobierno permita para uso civil las inhumanas balas dum dum?

Empecemos por lo básico. Las dum dum actualmente no existen. A finales del siglo XIX, los británicos desarrollaron una nueva munición para fusil, tipo expansiva, en su fábrica de Dum Dum (una ciudad cercana a Calcuta, India), mucho más eficiente para detener los ataques de enemigos tribales en sus colonias (orientales y africanas). Sin embargo, sus vecinos europeos estigmatizaron esta munición con argumentos sobre su “inhumanidad”, pero el trasfondo era realmente político: evitar esta ventaja táctica de los ingleses. 

Las conferencias de La Haya en 1899 establecieron la prohibición del uso de “municiones que se expandan o aplanen fácilmente”. Una prohibición aplicable a las naciones firmantes en caso de guerra. Conclusión: las dum dum tuvieron una corta vida en servicio (unos 10 años) y luego tuvieron que descartarse.

Hoy existen muchas variedades de munición expansiva o de punta hueca, y son ampliamente usadas por muchos policías alrededor del mundo. Estas balas no se fragmentan ni explotan, son casi imposibles de fabricar artesanalmente y no se pueden rellenar de mercurio o explosivos. Están diseñadas para expandirse al impacto (aumentan su diámetro) y, consecuentemente, reducen considerablemente la posibilidad de una sobrepenetración. 

Esto tiene dos beneficios para el uso defensivo. Por un lado, al no traspasarlo, la bala le transfiere toda su energía al objetivo, con lo que el impacto es más fuerte y aumenta la posibilidad de inhabilitar al atacante con un mínimo de disparos. El objetivo de un arma defensiva es detener la agresión ilegítima que amenaza una vida y en eso la munición expansiva es más eficiente. Por otro lado, al no traspasar el objetivo, la bala no podrá dañar a alguien o a algo que no se pretende impactar con un disparo, lo que sucede frecuentemente con balas comunes. 

¿Las balas expansivas causan más daño? Probablemente, pero a un delincuente que busca causar lesiones o matar. ¿Arrancan brazos, destrozan entrañas y pulverizan huesos? Falso, son mitos sin base científica. ¿Son inhumanas? Yo creo que es más inhumano un criminal que no tiene el menor respeto por la vida de sus víctimas. ¿Es peligroso que municiones expansivas caigan en manos de la delincuencia? Sí, pero prohibir su uso civil no lo impedirá. 

En realidad, las balas expansivas son más seguras, reducen la cantidad de disparos requeridos para detener un ataque ilegítimo y minimizan los daños colaterales. 

Finalmente, no existe ningún tratado internacional que prohíba la munición expansiva para uso civil o policial. Basta de mitos.

Artículo en El Comercio, 17 de agosto de 2015

El uso de la fuerza letal

En los últimos años hemos observado el avance de la delincuencia, cada vez más despiadada, sádica y violenta. Hace una década aún se podía escuchar ladrones hablando del respeto al barrio, mujeres, niños y ancianos. Este código ya no existe, pues al parecer la vida de las víctimas no vale nada. Primero golpean, acuchillan o disparan, luego agarran el botín y se van caminando, como si nada hubiera pasado.

El factor principal para este incontrolable aumento de la criminalidad es la impunidad que ampara a los que la realizan. Los delincuentes conocen el sistema y saben cómo manipularlo, a quién pagar o amedrentar, y, aunque estén grabados cometiendo delitos, quedan en libertad, gracias a malos elementos de la policía, de la fiscalía o del Poder Judicial. El único responsable de este caos es el gobierno, que no ha sabido tomar las riendas de sus instituciones y así permite este escenario sombrío. 

Mientras el gobierno mira el techo, ¿qué puede hacer el ciudadano? Hay dos posibilidades: hacer nada (cuando lo asalten, levante usted las manos y ruegue que no lo maten o violen, y que solo se lleven sus pertenencias) o enfrentar la situación. Lo segundo empieza por tomar precauciones, como instalar alarmas, cámaras, cambiar rutas, estar atento (el Facebook lo puede usted revisar en casa), evitar zonas peligrosas, etc. Luego debe estar preparado para defenderse si las barreras iniciales son superadas. No existe seguridad infalible: por más precauciones que tome, siempre existirá la posibilidad que se encuentre cara a cara con un miserable. En ese momento, usted ya debe saber qué hará: o emplea la legítima defensa y pasa al ataque o se convierte en una víctima. Es su opción, no existe respuesta correcta o incorrecta.

Si se defiende con un arma de fuego, debe estar preparado, saber muy bien cómo usarla para que la agresión ilegítima sea detenida en forma rápida, eficaz, sin daño colateral, y que al final del trance quien se vaya caminando sea usted y no el delincuente.

Quienes optamos por la defensa armada, lo mínimo que esperamos, al vernos obligados a emplear la fuerza letal en el ejercicio de nuestro derecho constitucional a la legítima defensa, es que el Estado no nos acose después. Nosotros no provocamos esa situación.

Necesitamos fiscales que encarcelen a delincuentes y no a ciudadanos inocentes.

Necesitamos policías que no que sean cómplices de criminales.

Necesitamos jueces que protejan a ciudadanos y policías en vez de aceptar denuncias absurdas de familiares de delincuentes abatidos.

Necesitamos que los funcionarios respeten nuestros derechos en vez de compararnos con malditos capaces de degollarle a usted en una calle oscura y quitarle celular y billetera mientras se desangra.

Necesitamos que los funcionarios del Ministerio del Interior y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) respeten las normas, como la Ley 30299, que nos concede el derecho a estar adecuadamente armados y entrenados, en vez de manipular groseramente sus términos, buscando cometer un legicidio en el reglamento.

Necesitamos un Estado que entienda que el problema no está en el ciudadano que se defiende, sino en los criminales y funcionarios corruptos que obtienen dinero sucio de esta anarquía.

¿Es tan difícil gobernar derecho?

Artículo en El Comercio, 29 de enero de 2015

Un paso adelante

La semana pasada, el Gobierno finalmente promulgó la esperada nueva ley de armas. Los ciudadanos que poseen legalmente armas en el Perú, luego de casi tres años de incertidumbre, parece que no salen de su asombro. No es fácil asimilar que una ley de este nivel sea una realidad. He escuchado a muchos amigos, incluso luego de que el Congreso de la República la aprobó, decir que el presidente Ollanta Humala no la iba a firmar, que la observarían e, incluso, que la estaban modificando extensamente (como si eso fuera posible legalmente), antes de pasarla a la firma.

Los motivos de tanta incredulidad son principalmente dos: 

El primero y más notorio: es una ley de una altísima calidad, coherente, inteligente, responsable. 

El segundo: es la imagen del actual gobierno, que hasta ahora se percibe como orientado al totalitarismo y de tendencia socialista, escenario que coincide en muchos otros países con una agresiva política de desarme civil. Honestamente, hace un par de años yo mismo pensaba que una ley así sería imposible durante este gobierno.

Una ventaja de la nueva ley es el esquema de tarjeta de propiedad por cada arma y una única licencia de uso, renovable cada tres años. Esto simplificará la pesada burocracia que a la fecha agobia a los usuarios.

Sin embargo, lo más importante de la nueva ley es la incorporación de lo que hemos venido exigiendo durante años: la obligatoriedad de educarse antes de acceder legalmente a un arma de fuego. En adelante, toda persona que desee poseer una licencia de uso de arma tendrá que pasar una capacitación con un temario teórico mínimo, y que necesariamente incluirá (hasta el cansancio) las normas básicas de seguridad y los usos correctos de un arma de fuego. También habrá una parte práctica, en la que se enseñarán (o reforzarán) técnicas de tiro: desenfunde, empuñe, alineación de miras, control de gatillo, etc. La capacitación concluirá con un examen escrito y uno práctico.

La educación como requisito para obtener un arma en nuestro país marca un hito y, quizá, su importancia no está siendo apreciada en toda su dimensión. Esta exigencia pone a la ley peruana por encima de muchas legislaciones de armas de la región latinoamericana (quizá todas), y la pone al nivel de leyes en sociedades más organizadas.

Además de sacudirse de los numerosos prejuicios que abundaban en las versiones anteriores, la nueva ley garantiza que, al menos, los usuarios reciban información mínima sobre los bienes que pretenden poseer. Cabe señalar que ninguna de las leyes anteriores obligaba ni sugería a los usuarios educarse sobre el correcto y seguro uso de sus armas.

Otra ventaja de la nueva ley es un mejor filtro. Existirá un registro de inhabilitados para obtener licencias, que incluirá a gente que purgó condena por delitos violentos o con antecedentes de violencia familiar, al margen de lo que aparezca en los certificados.

No existe norma que garantice que ninguna persona haga uso indebido de su arma, pero tener que educarse cada tres años fomentará que existan usuarios más responsables, informados y menos susceptibles a malos usos. Eso nos pone un paso adelante.

Artículo en El Comercio, 18 de diciembre de 2014

En buenas manos

El jueves 11, casi pasó desapercibida la aprobación de una ley muy importante en nuestro desprestigiado Congreso: en el Perú ya tenemos una nueva ley de armas de fuego de uso civil. Y la norma aprobada es en verdad muy vanguardista, la que estamos seguros de que marcará una pauta en la región, y que se puede convertir potencialmente en un modelo a seguir en otros países, que desafortunadamente, aún tienen legislaciones de armas anacrónicas y que no reflejan las realidades de cada lugar.

Esta ley tiene, entre las innovaciones más importantes, un nuevo esquema de tarjeta de propiedad por cada arma, documento que no es necesario renovar periódicamente (salvo que la propiedad cambie), y una licencia de uso, que se renovará cada tres años y que tendrá como requisito recibir previamente una capacitación en el uso correcto y responsable de un arma de fuego. Esta incluirá normas básicas de seguridad, consecuencias legales, qué se puede y qué no se debe hacer con un arma de fuego. Finalmente la educación es ahora un requisito para tener un arma de fuego legal en el Perú.

Asimismo, le concede un mejor control a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para que su fiscalización sea más efectiva. La norma, además, se ha sacudido las numerosas restricciones referidas a calibres, tipos de armas, accesorios y tipos de municiones que plagaban las versiones anteriores, las que en muchas oportunidades hemos denunciado que se trataba de restricciones antitécnicas y que no tenían ningún sustento lógico, excepto quizá de muchos prejuicios absurdos.

Este audaz cambio descongestionará las saturadas ventanillas de la Sucamec y liberará a sus funcionarios de la actual y excesiva carga burocrática para que puedan dedicarse a labores más productivas y eficientes, como mejorar el control del mercado de explosivos y ayudar a combatir los mercados ilegales de armas, municiones y pirotécnicos.

Aunque los usuarios de armas fuimos quienes inicialmente impulsamos los cambios y generamos una corriente de opinión, reclamando y protestando enérgicamente por las normas que se promulgaron a inicios de este gobierno y que estuvieron orientadas a restringir severamente el acceso a armas legales a los peruanos, esta nueva ley no sería una realidad si a la cabeza de la Sucamec no hubiera buenos funcionarios, que entendieron la problemática, tuvieron el buen criterio de escuchar a las partes interesadas, propiciaron el consenso y el diálogo, y finalmente gestionaron que el Ejecutivo envíe al Congreso la iniciativa legislativa. Ojalá en el Estado tuviéramos más funcionarios como ellos.

Esta nueva ley no significa que en el Perú proliferarán las armas y que nos agarraremos a balazos en las calles. Todo lo contrario: en adelante las armas estarán en manos de personas que sabrán manipularlas con respeto, que entrenan, que no tienen antecedentes de crimen y/o violencia, que son respetuosos de las normas. Es decir, usuarios responsables. Si alguien no está alineado con el perfil señalado, pues no podrá acceder a un arma, al menos no de forma legal. Esta nueva ley pondrá las armas en buenas manos.

Artículo en El Comercio, 7 de abril de 2014

El Circo Romano

El Ministro de Interior, Walter Albán, acaba de decirle al Perú que no puede con la delincuencia y “la culpa la tienen los gobiernos anteriores”. Al estilo Pilatos, se lava las manos y reta a quien crea poder hacerlo mejor, a sentarse a su lado. Conozco a varios que en su lugar tomarían medidas que les garantizo, nos pondrían en camino a la recuperación de nuestras calles y disminución de la delincuencia. Pero lamentablemente el Sr. Presidente no tiene las agallas para hacer su trabajo, y su señora esposa, quién manda en Palacio, no sabe cómo, pero se deja influenciar por gente que sabe aun menos que ella.

Aunque nuestro ministro pinta un panorama deprimente, resulta increíble que el gobierno siga empecinado en desarmar a la población civil, la que cumple (o solía cumplir) con las normas  establecidas, la que no delinque, al padre de familia, al trabajador que paga impuestos. No a las bandas criminales que el ministro sabe que existen.

Se sabe que la delincuencia está ganando terreno y sin embargo, los del gobierno no quieren civiles armados legalmente. Casi como en un circo romano, nos lanzan a la arena, apenas armados con piedras y palos, a los leones hambrientos. Y según el anteproyecto de Nueva Ley de Armas de Superintendencia Nacional Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), tal vez ni eso, pues literalmente señala que “…todo material… que no esté expresamente autorizado, se encuentra prohibido…” (artículo 3, inciso a). Lo único rescatable de ese anteproyecto, es que adopta una sugerencia nuestra: la separación de propiedad y uso, incorporando la Tarjeta de Propiedad y la Licencia de Uso, pero el resto, es más de lo mismo, y peor.

Todos los altos funcionarios del gobierno, están protegidos por un séquito de guardaespaldas fuertemente armados, pagados por los ciudadanos que pretenden desarmar; la sensación de seguridad que deben percibir es envidiable, casi como la del emperador que observa desde su palco, cómo los feroces felinos engullen a los pobres cristianos desarmados.

Este gobierno ha elevado enormemente la valla de la legalidad para los usuarios de armas. Licencias con vigencia menor a un año, mayores requisitos, tasas 5 veces mayores, más trabas, más barreras, justificación para tener un arma (defender la vida no les basta), más restricciones, más prohibiciones. Desde hace unas semanas, a quienes no han renovado sus licencias (con estas absurdas nuevas condiciones), la Sucamec los está acosando con cartas, las que amparadas en una ley del año 2005 (tiempos en los que las licencias se tramitaban con una declaración jurada, de forma sencilla, rápida y más económica), comunican el inicio de “procesos administrativos sancionadores” que incluirán multas y decomisos. Me pregunto, a los líderes de bandas como “la gran familia”, los “destructores” o marcas, ¿les habrá llegado una carta comunicándoles sus procesos sancionadores? Ah verdad, a ellos este gobierno les tiene miedo.

El congresista Juan Carlos Eguren ha presentado al Parlamento un proyecto de nueva ley de armas coherente, lógico, bien asesorado. El congresista Renzo Reggiardo presentó otro proyecto que busca derogar las normas controversiales. Nosotros los apoyaremos con entusiasmo, pero esperamos gran resistencia del oficialismo. ¿Cuáles serán los argumentos para mantener su Colosseo?

Artículo en El Comercio, 12 de agosto de 2013

¿Te molesta mi arma?

Según la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (Sucamec), existen casi 240,000 armas legales en manos de civiles. Eso no significa que haya la misma cantidad de gente armada, pues hay quienes tienen más de un arma. Menos del 1% de los civiles peruanos posee legalmente un arma de fuego; somos pocos, pero al parecer le molestamos mucho a alguien en el gobierno. Las armas ilegales, el otro lado de la moneda, se estiman en más de 300,000. La cantidad de armas propiedad del Estado Peruano, es mucho mayor, pero no existen cifras oficiales.

No hay reportes en la prensa de casos en los que alguna de esas 240,000 armas particulares, haya sido utilizada por su propietario legal para cometer un delito. No me refiero a incidentes como crímenes pasionales, disparos accidentales, o casos como el del llamado “loco de la Catedral”; me refiero a robos a mano armada, secuestros o asesinatos por contrato (sicariato). Si lo hubiera, sería absurdo; un usuario legal está plenamente identificado por el Estado, con su DNI, certificados varios, y hasta foto en la SUCAMEC. Solo alguien muy tonto, delinquiría con un arma registrada a su nombre.

Sin embargo, el Gobierno usa la absurda teoría de “los usuarios legales son quienes abastecen de armas a la delincuencia” para introducir cambios en la legislación, apretándole el cuello a los usuarios formales.

Hoy, para un usuario legal de armas, es mucho más costoso y mucho más difícil permanecer en la formalidad. El Estado debería de incentivar a quienes son legales, para que nunca dejen de serlo, no al contrario. Si les ponen más dificultades a los formales, se va a repetir el efecto de la década de 1990, cuando se reportaron “perdidas” muchísimas armas. Armas sacadas del registro son muy peligrosas, el efecto podría ser inverso a lo que el gobierno declara como objetivo. Los delincuentes serán los más beneficiados.

Desde diciembre, nuevas normas redujeron la vigencia de las licencias de cinco años a uno, introdujeron nuevos requisitos (algunos francamente ridículos), y establecieron nuevos límites (inferiores claro) a  la cantidad de armas que un civil puede poseer. Quizás lo peor es un intento de decomiso ilegal, al tratar de captar armas, propiedad privada de peruanos, obligando a sus legítimos dueños a venderlas en 180 días. Mención aparte merece el tratamiento del calibre 9 mm Parabellum; se le sataniza, prohíbe y se pretende que los civiles prácticamente les regalen éstas armas a miembros activos de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.

El Decreto Supremo 006-2013-IN viola varios Derechos Constitucionales de los Peruanos, tales como los derechos a la Propiedad, Legítima Defensa y Libre Contratación, por mencionar los más evidentes. Este decreto además atenta la estabilidad jurídica, al pretender aplicar normas nuevas de forma retroactiva, desconociendo derechos civiles adquiridos en gobiernos anteriores a éste.

El Poder Judicial, a pesar de haber recibido unas cien demandas de Acción de Amparo individuales, apenas ha admitido 2; la mayoría sorprendentemente están siendo declaradas “inadmisibles”, aunque es flagrante la violación de varios derechos constitucionales. ¿Acaso estos derechos ya no existen? ¿La estabilidad jurídica del Perú fue eliminada? ¿Quizás algunos artículos de la Constitución han sido derogados y no nos enteramos?

Artículo en El Comercio, 28 de diciembre de 2012

El problema es la educación

Los terribles sucesos en Connecticut, y los anteriores tiroteos de similares características trágicas, motivan a muchas personas a cuestionar inmediatamente la posesión de armas civiles y hasta pedir que se prohíban.

La muerte de inocentes, entre ellos niños, es muy lamentable, pero no debe de confundirse con los objetivos por los que un ciudadano legal, tiene acceso a armas de fuego: la legítima defensa, derecho consagrado en nuestra Constitución, y el deporte del tiro, principalmente. El Perú le debe 3 de sus 4 únicas medallas olímpicas al tiro, la única de oro.

Estas muertes en escuelas, universidades y espacios públicos son estadísticamente escasas en comparación con todas las muertes violentas, pero sí de gigantescas proporciones mediáticas por razones obvias. Se estima que en los EEUU anualmente, ciudadanos legalmente armados, se defienden de agresiones criminales con sus armas, unas 2.5 millones de veces, pero eso no alcanza titulares. En el Perú mueren casi 7 veces más personas en accidentes de tránsito que con armas, pero nadie ha siquiera insinuado prohibir las “combis” o buses. Y los muertos por arma de fuego en el Perú, son en gran mayoría criminales, abatidos por la policía u otros hampones, no por ciudadanos legalmente armados. No se conocen casos de ciudadanos que teniendo licencia, hayan asaltado, secuestrado o delinquido con su armas legales.

El principal motivo de estas tragedias, es la salud mental de la gente. Es evidente que hay personas que pueden llegar a un estado emocional tan extremo que desaten masacres, pero eso puede suceder con cualquier cosa además de armas; casos emblemáticos son los del “Unabomber” (que envió varias cartas explosivas), el coche bomba de Oklahoma (donde usando Anfo, murieron casi 200 personas, incluidos niños), y claro, los ataques del 11 de septiembre. Miles de personas han muerto por acciones demenciales, sin usar armas. Una persona alterada encontrará la forma de hacer daño, con o sin armas. Quienes proponen el desarme, dicen que sólo miembros de las FFAA y PNP deben de acceder a armas, pero ¿quién garantiza que estas personas estén exentas de alteraciones emocionales?

En el Perú hay delincuencia, y es extremadamente violenta, sin compasión o respeto por la vida; no les importa causar terribles daños a sus víctimas, con tal de robarles. En algunos casos de muchísima suerte, las víctimas sólo pierden bienes materiales, la mayoría de veces son agredidas, muchas mujeres son abusadas sexualmente, y muchos otros casos acaban en muerte. La precaria situación de la PNP hace imposible que el estado proteja a sus ciudadanos todo el tiempo; con suerte la policía acudirá al llamado de auxilio de un ciudadano en 15 o 30 minutos… si llegan. Ninguna ley de desarme le quitará armas a la delincuencia, el desarme solo es aplicable a los ciudadanos legales, ¿eso es lógico o razonable?

¿Las tragedias causadas por gente trastornada, justifican dejar desprotegidos a los ciudadanos ante la delincuencia? ¿A abandonar de deporte del tiro? Son situaciones totalmente distintas; bajo ese criterio, prohibamos también los vehículos, cuchillos, insumos agrícolas y demás artículos que se pueden usar para matar. El camino no es prohibir sino educar.

Vuelta al barrio... escribir!

Hace mucho que no escribo en mi blog, ya sé que no es primera vez que lo abandono y vuelvo a él, pero supongo que es como una relación de pareja larga y complicada. Hay temporadas en las que estoy muy ocupado como para ésto, otras en las que tengo algo de tiempo y escribo pero no aquí, otras en que teniendo tiempo, simplemente no tengo ganas de escribir, y otras veces que sencillamente, olvido que tengo este blog.

Hace 2 años mi vida era un caos, todo estaba de cabeza.

El niño costero 2017

Aposté por un proyecto en minería y la naturaleza me dio una lección muy dura, las lluvias se llevaron mi apuesta, literalmente, en un torrente de agua y lodo; lo perdí todo. Hice piruetas financieras para que a mis hijas no les falte comida y educación, tuve que vender cosas, algunas preciadas, viví en la incertidumbre de no saber si habría dinero siquiera para comer la semana siguiente. Me quedé solo con mis hijas (por enésima vez). Volví a buscar trabajo, mandar CVs, abrí una empresa de consultoría, mandé cientos de correos, hice mil llamadas, me encontré de pronto sentado en casa, sin nada que hacer excepto buscar y esperar. Por las noches me iba a la cama con preocupación y angustia... felizmente la noche acabó y amaneció, es real eso de que no hay mal que dure 100 años. Una frase de Winston Churchill me ayudó: si estás atravesando el infierno, sigue caminando...

Estoy en una etapa más calmada de mi vida, tengo un trabajo estable, soy el gerente de una empresa mediana que opera en varias ciudades de la selva peruana, así que ahora vivimos en Ucayali, en una casa pequeña y linda, rodeada de naturaleza, el dinero alcanza, mis hijas están contentas y tranquilas...

Hace varios días estoy pensando en escribir aquí con más frecuencia, a ver si mantengo el ritmo, quizás una entrada por semana deba ser mi meta.

Voy a empezar a poner aquí los artículos que en mis épocas de activista, publiqué en el diario El Comercio, también para no olvidar esa breve pero satisfactoria etapa de columnista.

Gracias por la visita.

Rodrigo